Ante el avance de los acontecimientos, merece la pena glosar un par de artículos publicados en la prensa sobre la grave crisis legal, constitucional, histórica y nacional provocada por las pretensiones de los inquilinos de la Generalidad.

 

El primero de dichos artículos comienza lamentando que los catalanistas quieran

 

“anteponer sus delirios anacrónicos y lugareños a la realidad constitucional de España y a los hondos problemas sociales y de paro que hoy ocupan la atención del país con su urgencia inaplazable (…) Desatendidos en absoluto de los grandes problemas nacionales que hoy perturban la apacibilidad de toda conciencia honrada, las actividades políticas del catalanismo aparecen guiadas por una mentalidad extraña al espíritu nacional, obedientes a sugestiones ajenas a los fervores españoles, como si de hecho, y en odiosa anticipación, ya se sintieran extranjeros ante las nobles aspiraciones de reconstrucción que conmueven al país. Con un plebiscito sin validez en derecho constitucional y con esa actitud apresurada y hostil tan desacorde con las dotes de ponderación y el vivo espíritu de simpatía con que debían asistir a la realidad política, los catalanistas irán seguramente a producir hacia sus demandas un estado de agitación y antipatía que debían evitar”.

 

A continuación, se advierte que anteponer el delirio identitario a la legalidad sólo puede provocar inestabilidad y el fracaso final del proyecto catalanista:

 

“Se insiste en acuciar con intemperancia fuera de lugar a las Cortes para que antepongan el mito y la entelequia catalanista a la Constitución española y al problema del paro. Si perseveran en esos intentos los catalanistas cerriles y obcecados, van a su suicidio y a conseguir para este asunto derivaciones violentas y desagradables, de las que no saldrán bien librados, ya que su pleito lleva todas las de perder”.

 

Y finalmente subraya lo anacrónico de ciertas fórmulas propuestas por algunos:

 

“Los viejos procedimientos del federalismo político y reaccionario están en desuso en todas las luchas constitucionales modernas”.

 

Pocos días después, en la misma publicación, se explicaba así el rechazo al llamado derecho a decidir:

 

“Ya hemos dicho otras veces que ni la historia, ni la geografía, ni las costumbres, ni la lengua, pueden ser causas bastantes para establecer distinción de deberes y derechos. Se nos dirá, y éste es el argumento supremo: pero, ¿y si así lo desean los naturales de esos territorios? ¿En virtud de qué razón nosotros, hombres democráticos, podemos oponernos a ello? Ya sabemos cuánto pesa este argumento sobre muchos de nuestros compañeros que se encuentran en conflicto entre el reconocimiento de lo que estiman una falta de justicia y el escrúpulo de oponerse a lo que muy bien puede ser el deseo de la mayoría de los naturales de la región. Y, sin embargo, no vacilamos en afirmar y sostener que es lícito, dentro de las normas democráticas, rechazar la pretensión”.

 

¿Por qué dicho rechazo en nombre de la democracia? El motivo está claro:

 

“Porque sólo cuando una colectividad no está ligada a otras es cuando puede disponer de ella por sí misma”.

 

Y concluye con una tajante oposición a la fragmentación de las decisiones que afecten a todos los españoles:

 

“Lo que actualmente se está haciendo es antidemocrático porque la democracia no se puede dividir en compartimentos o sectores con autodeterminación para cada uno de ellos. Si ese sistema se creyere que es expresión de la democracia, nosotros afirmamos todo lo contrario (…) Es un error suponer que por el hecho de que en una región –y lo mismo podría ser otra fracción de territorio– se desee por mayoría, y aun por unanimidad, unas normas para regirse a sí misma, pero que de cualquier forma significan una desvinculación de obligaciones contraídas anteriormente porque se han ejercido los derechos consecuentes, es un error, decimos, sentir escrúpulos acerca de la plena facultad de todos los ciudadanos para oponerse a la pretensión si así lo juzgan oportuno; porque lo que no se puede hacer, cuando se ha creado una riqueza y un orden político en comunidad con los demás, es recabar un régimen propio por la sola voluntad de la fracción que lo estima conveniente. Es indispensable el asenso de todos”.

 

Contundentes argumentos, sin duda, y muy oportunos para ser empleados durante los decisivos meses que nos separan del anunciado referendo secesionista de noviembre. Pero lo más curioso de ellos es que fueron expresados en un par de artículos publicados en El Socialista en julio de 1931, momento en el que se debatía, no un proceso secesionista como el de hoy, sino simplemente un estatuto de autonomía para Cataluña.

 

Ochenta años después los catalanistas siguen trabajando, lógicamente, para alcanzar sus objetivos, como corresponde a hombres constantes y coherentes. Por el contrario, la izquierda española, ilógicamente, lleva prácticamente el mismo tiempo bailando al son de la música tocada no por ella, sino por los catalanistas.

 

Mientras la izquierda siga bailando, España no tendrá remedio. 

 

El Diario Montañés, 30 de enero de 2014

 

 

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