No hace falta ser un devoto constitucionalista para sorprenderse de las prisas que les han entrado a algunos por cambiar la Constitución sin haber comprobado antes cómo funciona. Sobre todo porque se diseñó precisamente para colmar sus anhelos, lo que confirmaron declarándose sus entusiastas partidarios y votándola con satisfacción. 

Por ejemplo, en sus treinta y cinco años de vida se han incumplido sistemáticamente los artículos relativos al uso de los símbolos en edificios públicos y actos oficiales; y a una jerarquía normativa puesta patas arriba por normas autonómicas extralimitadas; y a una seguridad jurídica inexistente debido a la arbitrariedad de muchos poderes públicos; y a una igualdad ante la ley y una prohibición de discriminación inefectivas para muchos miles de ciudadanos por hablar la lengua materna nacionalistamente incorrecta; y a la inspección del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y evitar su utilización con fines partidistas y adoctrinadores. Por no hablar del artículo 155, igualmente virgen, que establece la facultad gubernamental de adoptar las medidas necesarias para evitar que una comunidad autónoma no cumpliere la ley o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España. Motivos para aplicarlo ha habido mil.

Un estado de derecho consiste en que todos sus órganos sólo pueden actuar y no pueden dejar de actuar según lo establecido en la ley. Y deja de serlo, aunque esté proclamado constitucionalmente, si sólo lo es cuando le conviene al gobierno. Ahora que tanta prisa hay por ejecutar la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot ante la alarma general por tanto criminal excarcelado, ¿cómo se justifican todas las que llevan años esperando a ser ejecutadas? ¿Y la inactividad del gobierno ante la voluntad expresa de seguir desobedeciéndolas por parte de algunos gobernantes autonómicos?

¿Qué tal si antes de cambiar la Constitución probamos a cumplirla? Sería una hermosa manera de hacer que los españoles comenzáramos a tomarnos en serio. 

El Diario Montañés, 5 de diciembre de 2013

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