Nuestro presidente ha dicho que los que defienden la existencia de la nación española son unos fundamentalistas. Por lo menos ya no son fascistas, que es lo que la izquierda viene espetando desde hace ya unas cuantas décadas a los que tal osan. Curioso es, por otro lado, que haya utilizado el término fundamentalista para acallar a quienes se han limitado a recordar que la Constitución, precisamente,  "se FUNDAMENTA en la indisoluble unidad de la Nación española", según enuncia con claridad su artículo 2º.

Son curiosas las jugarretas del lenguaje: resulta que ser fundamentalista parece que consiste en recordar y acatar lo establecido por la Constitución de 1978, Constitución para la que el partido de Zapatero pidió a sus votantes un rotundo SI. Y, al mismo tiempo, las declaraciones del presidente pueden ser calificadas como claramente contrarias al espíritu y la letra de la citada Carta Magna. 

Por otro lado, aunque en esta España de esperpento ya casi nada debiera sorprender, no deja de ser chocante la alegría con la que el presidente duda hasta de la existencia de la nación que gobierna, ésa que, según sus palabras, es "discutida y discutible". Una afirmación semejante no es imaginable ni en la más tiranobanderesca de las repúblicas bananeras, a ninguno de cuyos presidentes se le podría pasar por la imaginación una tal duda sobre la existencia de la nación por él gobernada. Declarar lo que ha declarado el supuesto apátrida Zapatero y no dimitir al instante siguiente –por notoria incompatibilidad con la discutible nación por él presidida– tendría que ser, en un país serio, tan inaceptable como un sacerdote que, convencido de la inexistencia de Dios, siguiese ejerciendo su ministerio. Pero no parece que al presidente discutiblemente español se le pueda exigir coherencia; para eso es necesaria cierta talla personal, o al menos el cinismo de aquel cardenal del que recordaba Chateaubriand que, cuando alguien pretendía halagarle mencionándole sus muchas posibilidades de acceder al papado, respondía que, de suceder algún día semejante cosa, sería porque el cónclave habría pillado borracho al Espíritu Santo.

Y ya que estamos con asuntos de lenguaje, uno de los soniquetes de mayor éxito en los últimos tiempos, ante el que todo el mundo ha de postrarse y adorar, es el de la famosa España plural. Porque quien no se declare firme e indiscutible partidario de la España plural zapateriana es un malvado. Un fundamentalista. Un fascista. Un tipo al que no se le debe ni permitir opinar.

Pero la España plural, esa vaguedad que se han apropiado los socialistas y sus socios nacionalistas, sigue sin ser definida, a no ser que caigamos en la tentación de hacerla coincidir con lo que viene declarando repetidamente el presidente de la nación: la negación de su existencia y la afirmación de que las verdaderas naciones son la catalana, la vasca y alguna que otra más, unidas entre sí tan sólo por una cáscara exterior denominada Estado.

Pero resulta que una inmensa mayoría de españoles pensábamos que lo que instituía la Constitución de 1978 era precisamente eso: la España plural. No en vano en ella se protegen y potencian todas sus lenguas y peculiaridades culturales a la vez que se establece el sistema de autogobierno de sus comunidades autónomas más descentralizado del mundo. Pero ahora nos enteramos de que nos engañábamos; de que eso no era la España plural, sino la singular. Para acceder a los embriagadores placeres de la plural hemos tenido que esperar a la llegada al poder de Zapatero en La Moncloa y Maragall-Carod en Barcelona.

Pero lo más raro de todo es que el partido de Zapatero, además de pedir el voto afirmativo para la Constitución que establecía esa opresiva España singular, estuvo gobernándola durante catorce años sin aparente molestia.

Artículo publicado durante la primera legislatura zapateriana, entre 2004 y 2008, e incluido en España desquiciada

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