Lo que pueda gestionarse desde cerca, que no se gestione desde lejos. En eso consiste el intocable principio de subsidiariedad en el que se fundamenta toda descentralización administrativa. Evidentemente, nadie en sus cabales discutirá las ventajas de la cercanía para decidir sobre algunos asuntos. Pero eso no convierte el actual sistema autonómico en el único posible.

Por ejemplo, ningún Estado federal, ese modelo ahora tan admirado por algunos, incorpora la neurótica dimensión identitaria de nuestras autonomías. A ningún bávaro, zuriqués o tejano se le ocurrirá jamás que sus respectivos cantones o estados son naciones con poder decisorio sobre su continuidad o no en Alemania, Suiza o USA. Y, por supuesto, no se gastan más dinero en ingenierías lingüísticas que en hospitales. Ni en embajaducas para intentar vender anchoas en Pekín.

Pero las comunidades autónomas tienen más inconvenientes. Por ejemplo, el de la desigualdad ante la ley según dónde viva cada uno, lo que nos devuelve a tiempos feudales. O el de que en cada taifa haya un puñado de robespierres legislando compulsivamente sobre cualquier cosa; eso sí, en nombre del autogobierno y la libertad. O el de que, por envidiucas de nuevo rico, España sea primera potencia mundial en líneas de AVE inútiles y aeropuertos cerrados.

Otro de los desastres de la descentralización es el disparate eólico. Lo lógico sería que los asuntos energéticos, como en cualquier país serio, se planearan y regularan nacionalmente, concentrando, por ejemplo, los generadores en el desértico valle del Ebro, donde no dañarían el entorno y suele soplar un cierzo considerable. Pero en España, para jugar a los estadistas, cada taifa quiere su parcelita de poder.

–¿Cómo vamos a ser menos y a no tener un Plan Eólico si la taifa vecina lo tiene? ¡Pues yo quiero uno más grande!

Y así se destrozan salvaje, ignorante, innecesaria e inútilmente las más bellas y valiosas cordilleras de España. 

El Diario Montañés, 13 de febrero de 2013

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